Las cuentas públicas españolas han experimentado un aumento considerable de su deuda tras el inicio de la crisis económica. El Gobierno español empleó buena parte de dinero público en invertir en infraestructuras locales y comarcales con el objetivo de dar empleo y contrarrestar los efectos del desempleo, que amenazaban la estabilidad económica del país. Las cajas de ahorro fueron convocadas a un proceso de reestructuración, de fusiones y compras, saneando aquellos activos tóxicos que amenazan al sistema financiero español. España no tuvo más remedio que incumplir los objetivos de déficit establecidos por la Eurozona, ya que las arcas del Estado no recibían los ingresos previstos mientras que el gasto público se disparaba para hacer frente a los enormes costes sociales con el fin de mantener “a flote” a millones de desempleados que subsisten gracias a las ayudas de desempleo. Esto era tan sólo el inicio de la crisis en España.
A nivel mundial, los mercados empezaron a cuestionar la viabilidad de algunos países europeos dada su enorme deuda económica y a sus incumplimientos con los objetivos de déficit. Las grandes agencias de calificicación estadounidenes comenzaron a rebajar la nota crediticia de algunos países europeos como Grecia, Irlanda y Portugal. Las primas de riesgos de estos países se dispararon hacía máximos récords, llevando a Europa a su rescate financiero. A día de hoy ninguno de estos países ha conseguido reflotar de su situación económica, incluso se habla de bancarrota en el caso del país heleno, a pesar de sus intentos por recortar en sueldos públicos e incluso tener que despedir a miles de funcionarios. Ante esta hecatombe europea España decidió hacer los deberes. Aplicó un recorte del 5 por ciento en el sueldo de los funcionarios públicos, puso en marcha la reforma laboral, cambió la Constitución y permitió a los empresarios encadenar contratos temporales indefinidalemente. Ante el excesivo gasto que se ha realizado en las administraciones autómicas y locales, los partidos han tenido que hacer uso de la tijera para recortar presupuestos e incluso en algunos casos, llegar a una situación de impago de nóminas a sus propios empleados.
Una situación insostenible que parece no tener una solución clara. ¿Austeridad o gasto? Es la pregunta del millón.
Lo que está claro que la austeridad a secas no es suficiente para levantar el país, hacen falta políticas de inversión en ámbitos como la educación y la investigación, apostar por la eficienca y la competitividad para generar una tejido productivo acorde a las nuevas necesidades del mercado. Una apuesta que los futuros dirigentes de este país parecen haber olvidado...
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