La inminente salida de Bankia a la Bolsa española constituye un reto importante para las cajas de ahorro que quieran seguir la estela de esta entidad financiera, debido a la incertidumbre existente entre los inversores sobre el precio de la acción
La cotización en Bolsa de las cajas de ahorros españolas se ha convertido en el siguiente paso a afrontar por parte de estas entidades financiera tras el acelerado proceso de reestructuración que han sufrido en los últimos meses. La primera en la parrilla de salida es Bankia, el grupo de cajas liderado por Caja Madrid y Bancaja, que se encuentra en pleno proceso de captación de grandes inversores con el fin de asegurar el éxito de la colocación de sus acciones. Y es que la necesidad “imperativa” que tienen las cajas de ahorro por captar liquidez con el fin de hacer frente a las exigencias del mercado, una operación que se ha visto amenazada por las dudas que se ciernen sobre Grecia, ante una posible suspensión de pagos, y el precedente de Atento, que tuvo que suspender su salida a Bolsa ante la baja colocación alcanzada.
“La salida estrella a Bolsa es sin duda Bankia, que acude a los mercados ya que necesita captar recursos propios para cumplir con los requisitos de coberturas de coeficiente que está exigiendo el Banco de España. El gran problema que se está planteando es a qué precio van a salir al mercado”, asegura el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha, Eliseo Navarro Elías.
Una incertidumbre que sigue latente entre los inversores, ya que se desconoce cuál es el precio que están dispuestos a pagar. “Un inversor está dispuesto a pagar por una acción en función de los beneficios esperados en el futuro. Lo importante en estos momentos es si la entidad financiera va a ser capaz de generar recursos propios para compensar la inversión que han realizado sus accionistas” subraya Navarro. “¿Qué precio está dispuesto la gente a pagar por esas acciones? Si las regalas nadie te va a decir que no quiere esas acciones pero entonces la entidad no conseguiría recursos”.
Y es que se trata de una operación en la que juega un papel importante aspectos como el nivel de saneamiento del balance de cuentas de la entidad, así como su capacidad de generar recursos y beneficios propios. La imagen de la economía española es otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de fijar su precio en salida en Bolsa, un aspecto muy valorado por los inversores extranjeros y que, sin embargo, no juega muy a favor de las entidades que quieran iniciar su salida a Bolsa.
“El sector financiero español se vende mal, un factor que está presionando muy a la baja los precios de estas acciones”, indica este experto en economía financiera.
Situación exterior
La salida a Bolsa de las cajas españolas tampoco es ajena a la situación internacional, como es el caso de la reestructuración de la deuda griega, que trae de cabeza a los inversores extranjeros. Una situación que pone en tensión a los mercados y que está teniendo un efecto directo sobre la prima de riesgo española, que durante las últimas semanas se ha disparado por encima de los 250 puntos básicos, alcanzando records anuales en varias ocasiones.
“Todos estos problemas sobre la deuda griega, si hay o no que reestructurarla siembra una mayor incertidumbre sobre los mercados”, apunta Eliseo Navarro.
Y es que el problema de deuda que sufre el país heleno está afectando a buena parte del sector financiero, ya que son muchas las entidades francesas y alemanas que soportan parte de la deuda de Grecia, un factor que ha condicionado que las agencias de rating hayan decidido devaluar su calificación ante la exposición a la crisis helena. “Se trata de un factor que repercute al resto de la banca europea” indica el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha.
lunes, 27 de junio de 2011
lunes, 20 de junio de 2011
La receta "mágica" del Banco de España
¡Extra! ¡Extra! ¡El Banco de España parece haber dado la clave para salvar la economía española de los garrotazos de la crisis económica! Parece que después de muchos meses de meditación, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, parece haber encontrado la llave maestra para superar la delicada situación económica que atraviesa nuestro país en estos momentos, zarandeado por las desconfianzas de los mercados, la deuda de las autonomías y las interminables cifras que copan las listas del paro.
Pero... ¿cuál es esa genialidad idea que el señor Ordóñez ha querido compartir con todos los españoles? Pues el Banco de España ha hablado: en primer lugar aplicar unas reglas de gasto para aquellas comunidades autónomas que incumplan sus objetivos de estabilidad presupuestaria, una medida que tenía que haberse puesto en marcha desde los albores de la democracia, pero no sólo en las comunidades autónomas sino también en las entidades locales, que constituyen un gasto más que importante para las cuentas del Estado. Con esta medida habríamos evitado que muchos politiquillos de boquilla (de todos los colores) metieran sus alargados dedos en el “saco sin fondo” que han dejado en ruina a decenas de ayuntamientos en todo el territorio nacional.
Otra de las medidas sacadas de la chistera por el gobernador es incorporar nuevos impuestos asociados a la vivienda y al consumo con el objetivo de llenar las vacías arcas del Estado. ¿Es que acaso el Banco de España no es consciente que la última subida de IVA no tuvo ese efecto sino el contrario? Una nueva subida de impuestos, y por lo tanto, de precios no haría más que mermar la débil recuperación que está experimentando la confianza del consumidor. Un lastre que no haría más que dificultar la recuperación española y poner entre las cuerdas a miles de familias que apenas cuentan con ingresos para poder sobrevivir.
Sin embargo, las declaraciones más impactantes que ha realizado el señor Ordóñez tiene que ver con el marco laboral y el crecimiento del PIB. El gobernador achaca el dificultades de crecimiento del producto interior bruto español al elevado grado de indiciación salarial (esto es, la variación de las remuneraciones en función de los precios de consumo). Es cierto que España tiene mucho que aprender en cuanto a regulación laboral, pero una reducción de salarial no haría más que empeorar las cosas, ya que paralizaría el consumo, en definitiva, entraríamos en una espiral sin sentido de recortes de salarios, menos consumo, más dificultades para las empresas, más despidos....
Lo siento, señor Ordóñez, pero la crisis económica la hubiéramos superado ya hace tiempo si no hubiera existido un mercado inmobiliario sobredimensionado, un derroche de dinero público en medidas sin sentido, todo ello sin olvidar las enormes cargas impositivas que tienen los empresarios y la falta de crédito que ahogan y estrangulan cientos de proyectos empresariales.
Pero... ¿cuál es esa genialidad idea que el señor Ordóñez ha querido compartir con todos los españoles? Pues el Banco de España ha hablado: en primer lugar aplicar unas reglas de gasto para aquellas comunidades autónomas que incumplan sus objetivos de estabilidad presupuestaria, una medida que tenía que haberse puesto en marcha desde los albores de la democracia, pero no sólo en las comunidades autónomas sino también en las entidades locales, que constituyen un gasto más que importante para las cuentas del Estado. Con esta medida habríamos evitado que muchos politiquillos de boquilla (de todos los colores) metieran sus alargados dedos en el “saco sin fondo” que han dejado en ruina a decenas de ayuntamientos en todo el territorio nacional.
Otra de las medidas sacadas de la chistera por el gobernador es incorporar nuevos impuestos asociados a la vivienda y al consumo con el objetivo de llenar las vacías arcas del Estado. ¿Es que acaso el Banco de España no es consciente que la última subida de IVA no tuvo ese efecto sino el contrario? Una nueva subida de impuestos, y por lo tanto, de precios no haría más que mermar la débil recuperación que está experimentando la confianza del consumidor. Un lastre que no haría más que dificultar la recuperación española y poner entre las cuerdas a miles de familias que apenas cuentan con ingresos para poder sobrevivir.
Sin embargo, las declaraciones más impactantes que ha realizado el señor Ordóñez tiene que ver con el marco laboral y el crecimiento del PIB. El gobernador achaca el dificultades de crecimiento del producto interior bruto español al elevado grado de indiciación salarial (esto es, la variación de las remuneraciones en función de los precios de consumo). Es cierto que España tiene mucho que aprender en cuanto a regulación laboral, pero una reducción de salarial no haría más que empeorar las cosas, ya que paralizaría el consumo, en definitiva, entraríamos en una espiral sin sentido de recortes de salarios, menos consumo, más dificultades para las empresas, más despidos....
Lo siento, señor Ordóñez, pero la crisis económica la hubiéramos superado ya hace tiempo si no hubiera existido un mercado inmobiliario sobredimensionado, un derroche de dinero público en medidas sin sentido, todo ello sin olvidar las enormes cargas impositivas que tienen los empresarios y la falta de crédito que ahogan y estrangulan cientos de proyectos empresariales.
martes, 14 de junio de 2011
Guerra de precios en la telefonía móvil
La telefonía móvil ha sido el último sector en apuntarse a la guerra de precios. Telefónica, Vodafone y Orange ha reducido sus principales tarifas con el objetivo de mantener y recuperar el mayor número de clientes posibles. Y es que las tres principales compañías del sector de las telecomunicaciones han despertado de su letargo a ver que cada vez disfrutan de un trozo de pastel cada vez más pequeño.
Los llamados operadores virtuales, presentes en el sector desde hace algunos años, están consiguiendo poco a poco un mayor número de clientes, que optan por sus tarifas de bajo coste, un reclamo muy suculento en época de crisis. Un total de 2,88 millones de usuarios (de los cuáles 1,3 millones han sido captados en el último año) ya disponen de una línea telefónica perteneciente a unos de estos operadores low cost y la cifra podría aumentar en los próximos meses. Un nicho donde también se han alojado miles de clientes descontentos con los servicios que ofrecen las grandes operadoras.
Ante esta situación, Telefónica, líder en el sector, y Orange, tercera en cuanto al número de clientes han presentado sus cartas sobre la mesa para presentarse en el mercado como una opción económica. La compañía presidida por César Alierta ha apostado por ofrecer llamadas por seis céntimos el minuto con una cuota mensual de seis euros, un aspecto que puede causar confusión al cliente ya que se trata de un dinero que el cliente debe abonar de manera independiente al consumo que realice. Orange no ha querido ser menos y ha decidido contraatacar contra su gran rival ofreciendo una tarifa al mismo precio, sms más baratos que cualquiera de sus grandes rivales. Vodafone ha sido la última en contraatacar igualando las ofertas de sus rivales con la tarifa XS6.
Por una vez es el cliente el que se va a beneficiar se esta guerra de precios, una noticia muy buena si tenemos en cuenta que España poseía hasta el momento precios más caros que la media europea. Hasta hace muy poco, nuestro país era considerado uno de los grandes oasis de las empresas de telecomunicaciones, donde Telefónica, Vodafone y Orange mantenían un gran número de clientes y tan sólo luchaban por robar a cualquiera de sus archienemigos. Ahora la situación ha cambiado: los clientes no sólo buscan un buen terminal. También quiere una buena tarifa de precios.
Las grandes del sector parecen se han montado al carro de los precios low cost. No obstante, aún están un poco lejos de las tarifas que ofrecen los operadores sin red, que oscilan entre dos 2,4 y 3 céntimos por minuto en función de la compañía.
En definitiva, el mercado de la telefonía móvil vive su particular revolución de precios con el que las operadoras pretenden atraer al mayor número de clientes posibles y recuperar la cuota pérdida. Y es que la crisis económica ha afectado al bolsillo del consumidor, que busca disfrutar de un buen servicio telefónica a un menor coste posible.
Los llamados operadores virtuales, presentes en el sector desde hace algunos años, están consiguiendo poco a poco un mayor número de clientes, que optan por sus tarifas de bajo coste, un reclamo muy suculento en época de crisis. Un total de 2,88 millones de usuarios (de los cuáles 1,3 millones han sido captados en el último año) ya disponen de una línea telefónica perteneciente a unos de estos operadores low cost y la cifra podría aumentar en los próximos meses. Un nicho donde también se han alojado miles de clientes descontentos con los servicios que ofrecen las grandes operadoras.
Ante esta situación, Telefónica, líder en el sector, y Orange, tercera en cuanto al número de clientes han presentado sus cartas sobre la mesa para presentarse en el mercado como una opción económica. La compañía presidida por César Alierta ha apostado por ofrecer llamadas por seis céntimos el minuto con una cuota mensual de seis euros, un aspecto que puede causar confusión al cliente ya que se trata de un dinero que el cliente debe abonar de manera independiente al consumo que realice. Orange no ha querido ser menos y ha decidido contraatacar contra su gran rival ofreciendo una tarifa al mismo precio, sms más baratos que cualquiera de sus grandes rivales. Vodafone ha sido la última en contraatacar igualando las ofertas de sus rivales con la tarifa XS6.
Por una vez es el cliente el que se va a beneficiar se esta guerra de precios, una noticia muy buena si tenemos en cuenta que España poseía hasta el momento precios más caros que la media europea. Hasta hace muy poco, nuestro país era considerado uno de los grandes oasis de las empresas de telecomunicaciones, donde Telefónica, Vodafone y Orange mantenían un gran número de clientes y tan sólo luchaban por robar a cualquiera de sus archienemigos. Ahora la situación ha cambiado: los clientes no sólo buscan un buen terminal. También quiere una buena tarifa de precios.
Las grandes del sector parecen se han montado al carro de los precios low cost. No obstante, aún están un poco lejos de las tarifas que ofrecen los operadores sin red, que oscilan entre dos 2,4 y 3 céntimos por minuto en función de la compañía.
En definitiva, el mercado de la telefonía móvil vive su particular revolución de precios con el que las operadoras pretenden atraer al mayor número de clientes posibles y recuperar la cuota pérdida. Y es que la crisis económica ha afectado al bolsillo del consumidor, que busca disfrutar de un buen servicio telefónica a un menor coste posible.
domingo, 5 de junio de 2011
Ejercicio de responsabilidad
Las cuentas no salen. Las comunidades autónomas parecen no ser conscientes del ejercicio de responsabilidad, y sobretodo de austeridad, que deben realizar por el bien del conjunto español, que hoy día se encuentra en el punto de mira de inversores, agencias de calificación y medios de comunicación.
El balance de cuentas correspondientes al primer trimestre del año, que ha sido presentado recientemente por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dejado un mal sabor de boca al Gobierno por la falta de disciplina presupuestaria en el gasto realizado por las autonomías.
Y es que el gasto se ha disparado hasta un 5,4 por ciento en los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 5.000 millones de euros, una cifra que supone el 0,46 del producto interior bruto (PIB) y que pone en jaque las previsiones del Gobierno para controlar los desequilibrios económicos que se puedan dar a lo largo del todo el año. Y precisamente son las propias comunidades autónomas las que tienen en su poder la llave para realizar el ajuste presupuestario que necesita España para cumplir sus objetivos. Los datos correspondientes al gasto ejecutado por las comunidades autónomas derivan notablemente con el ejercicio de austeridad de la Administración central, que ha conseguido reducir a la mitad los números rojos entre enero y abril. Y es que contar con un techo de gasto presupuestario, sin olvidar el ejercicio de transparencia y desglose que ofrece el balance de cuentas de la Administración central, garantiza que los gastos sean los que tengan que ser. Ya es hora de que las comunidades autónomas se ajusten el cinturón, hagan un ejercicio de responsabilidad e impongan en sus cuentas un techo de gasto presupuestario, sin olvidar la correspondiente transparencia para que el ciudadano de a pie conozca con detalle en que se invierte hasta el último euro. Deficiencias del sistema presupuestario que no se pueden dar en pleno siglo XXI. Las comunidades autónomas tendrán que echar mano de nuevo”de las tijeras para ajustar el gasto y contribuir al ajuste del déficit. Entiendo que los presidentes autonómicos se piensen dos veces recortar en partidas sociales como la educación y la sanidad, sin contar el escaso margen de actuación que tienen las autonomías en la recaudación fiscal. Sin embargo, no estaría nada mal que tanto ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas pusieran en marcha una auditoría de cuentas con el objetivo de conocer la situación real de las economías locales y regionales, y buscar medidas efectivas y sostenibles que garanticen el buen funcionamiento de las correspondientes administraciones.
Otro de los ejercicios de responsabilidad que nuestros políticos electos tienen pendientes es realizar una racionalización del gasto. Basta ya de coches oficiales, de comidas de trabajo, viajes oficiales, consistorios con personal sobredimensionado, sueldos desproporcionados y desacordes con la economía actual, inversiones en proyectos inviables, que no llevan a ningún punto... ¡Señores políticos! !Hagan un ejercicio de responsabilidad!
El balance de cuentas correspondientes al primer trimestre del año, que ha sido presentado recientemente por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dejado un mal sabor de boca al Gobierno por la falta de disciplina presupuestaria en el gasto realizado por las autonomías.
Y es que el gasto se ha disparado hasta un 5,4 por ciento en los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 5.000 millones de euros, una cifra que supone el 0,46 del producto interior bruto (PIB) y que pone en jaque las previsiones del Gobierno para controlar los desequilibrios económicos que se puedan dar a lo largo del todo el año. Y precisamente son las propias comunidades autónomas las que tienen en su poder la llave para realizar el ajuste presupuestario que necesita España para cumplir sus objetivos. Los datos correspondientes al gasto ejecutado por las comunidades autónomas derivan notablemente con el ejercicio de austeridad de la Administración central, que ha conseguido reducir a la mitad los números rojos entre enero y abril. Y es que contar con un techo de gasto presupuestario, sin olvidar el ejercicio de transparencia y desglose que ofrece el balance de cuentas de la Administración central, garantiza que los gastos sean los que tengan que ser. Ya es hora de que las comunidades autónomas se ajusten el cinturón, hagan un ejercicio de responsabilidad e impongan en sus cuentas un techo de gasto presupuestario, sin olvidar la correspondiente transparencia para que el ciudadano de a pie conozca con detalle en que se invierte hasta el último euro. Deficiencias del sistema presupuestario que no se pueden dar en pleno siglo XXI. Las comunidades autónomas tendrán que echar mano de nuevo”de las tijeras para ajustar el gasto y contribuir al ajuste del déficit. Entiendo que los presidentes autonómicos se piensen dos veces recortar en partidas sociales como la educación y la sanidad, sin contar el escaso margen de actuación que tienen las autonomías en la recaudación fiscal. Sin embargo, no estaría nada mal que tanto ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas pusieran en marcha una auditoría de cuentas con el objetivo de conocer la situación real de las economías locales y regionales, y buscar medidas efectivas y sostenibles que garanticen el buen funcionamiento de las correspondientes administraciones.
Otro de los ejercicios de responsabilidad que nuestros políticos electos tienen pendientes es realizar una racionalización del gasto. Basta ya de coches oficiales, de comidas de trabajo, viajes oficiales, consistorios con personal sobredimensionado, sueldos desproporcionados y desacordes con la economía actual, inversiones en proyectos inviables, que no llevan a ningún punto... ¡Señores políticos! !Hagan un ejercicio de responsabilidad!
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