El encarecimiento del precio del petróleo se ha convertido en un obstáculo más para la recuperación de la economía española, que todavía sigue estancada y cuyas cifras de paro no ayudan en nada. En total son más de 4,299 millones de personas que se encuentran apuntadas a las listas del paro, buscando desesperadamente un puesto de trabajo con el que puedan alimentar a sus familias. Pero ahí no queda la cosa: los jóvenes son los que más sufren la lacra del desempleo. Más de 42 por ciento de los jóvenes menores de 25 años siguen buscando trabajo, mucho de ellos su primera experiencia laboral. Una vez más, los más débiles de la cadena (laboral) son los más perjudicados en esta crisis económica.
La recuperación económica se vaticina lenta, tan lenta que corremos peligro de sufrir un fenómeno desconocido para muchos de nosotros que es la estanflación. ¿Y de que se trata exactamente? Pues la estanflación tiene lugar cuando una economía se estanca y se produce una subida de los precios (formalmente se considera que un país se encuentra en estanflación cuando su Producto Interior Bruto decrece dos trimestres consecutivos). Un nuevo fantasma por encima de la economía española, cuya sombra parece no tener límites dada la crisis del crudo que está teniendo lugar con las revueltas que está teniendo lugar en países como Barheim y Libia. Ante esta nueva amenaza que se cierne sobre el horizonte, que parece no dejar descansar a la economía española tras las dudas que asaltaron a los mercados meses atrás, el Gobierno de Zapatero puso en marcha la fabulosa máquina de las ideas para diseñar un plan para contrarrestar los posibles efectos que traerán consigo un alza del precio del crudo.
Y es que la dependencia energética del exterior que tiene España es una de las más altas de Europa. A pesar de todos los intentos de poner en marcha la máquina de las energías renovables, que parecía prometer el oro y el moro a inversores, eléctricas y ecologistas; lo cierto que España sigue dependiendo del petróleo de Libia e Irán o el gas de Argelia.
Una dependencia que ha llevado al Ministerio de Industria para reducir el límite de velocidad en 110 kilómetros por hora a través de unas “particulares” pegatinas que ocultarán temporalmente los actuales 120. Otras de las medidas que se pretenden implantar como medida de ahorro es cambiar todas las bombillas de las administraciones y de las farolas de todas las carreteras por bombillas de bajo consumo, pero... ¿Cuántos millones de bombillas pretende cambiar el Gobierno y cuánto dinero va a suponer para las arcas? ¿Alguien se ha planteado esto? Eso sí, me parece correcto que el Ejecutivo se plantee reducir el uso de los coches oficiales o evitar el malgasto de la luz eléctrica que muchos organismos públicos hacen a deshoras. Aunque para variar, son medidas que llegan tarde, que podrían haberse ejecutado meses atrás.
Me suena a artículo de "La Cuerda"
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